La información corporativa sobre sostenibilidad permite conocer tanto los impactos de las empresas sobre las personas y el medioambiente como los riesgos y oportunidades que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza representan para su actividad y situación financiera. Su fiabilidad, comparabilidad y accesibilidad son fundamentales para la toma de decisiones de los inversores y para la transición hacia una economía sostenible.

El marco europeo se articula sobre la Directiva 2013/34/UE, modificada por la Directiva 2014/95/UE, relativa a la divulgación de información no financiera y sobre diversidad, complementada por las directrices de la Comisión Europea sobre información no financiera y su suplemento sobre información relacionada con el clima.

Posteriormente, la Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD), reforzó este marco y estableció que las empresas incluidas en su ámbito de aplicación deben presentar información sobre sostenibilidad conforme a los Estándares Europeos de Información sobre Sostenibilidad (ESRS). Estos estándares concretan el contenido y la estructura de la información que debe divulgarse.

La Taxonomía de la Unión Europea complementa estas obligaciones mediante criterios para determinar cuándo una actividad económica puede considerarse medioambientalmente sostenible.

Por su parte, la Directiva (UE) 2024/1760, conocida como CSDDD o CS3D, establece obligaciones para identificar y abordar determinados impactos adversos sobre los derechos humanos y el medioambiente en las operaciones de las empresas y sus cadenas de actividades. Esta norma, al igual que la CSRD, ha sido modificada en el contexto de la simplificación del marco europeo de sostenibilidad.

Los ESRS también han sido revisados para simplificar su aplicación y reducir las cargas administrativas. Además, se ha desarrollado un Estándar Voluntario de Información sobre Sostenibilidad para las empresas no sujetas a la CSRD, que facilita un reporting proporcionado y establece el límite de la información sobre sostenibilidad que las empresas obligadas pueden solicitar a las empresas protegidas de su cadena de valor.

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